Calificación Catastral de Suelo Urbanizable a efectos de IBI

Publicado el Jueves 26 de Junio de 2014

 

Calificación Catastral de Suelo Urbanizable a efectos de IBI

 

El pasado 30 de Mayo de 2.014 se produjo una Sentencia del Tribunal Supremo muy importante tanto para particulares como para Ayuntamientos. Ya que afecta de manera muy importante al IBI, impuesto que supone uno de los principales ingresos de la mayoría de los Ayuntamientos de este país.

El Tribunal Supremo (TS) considera que los propietarios de fincas recalificadas como urbanas, pero donde no se hayan construido edificios, podrán pagar la tasa como si se tratara de suelo rústico.

La sentencia del Tribunal Supremo, afecta a más de 900.000 parcelas en España, según un estudio que aportó la fiscalia en su recurso, y todo se debe a un conflicto que la Administración Pública mantenía con unos 300 propietarios de fincas en Badajoz.


El Ayuntamiento de esta ciudad, en 2007, recalificó varios terrenos rústicos y otorgó la consideración de urbanos, por lo que un gran número de propietarios vieron cómo el impuesto que pagaban en concepto de IBI subió de manerta desorbitada.


Hace 7 años, en pleno boom de la construcción, una recalificación era positiva, pues suponía aumentar el valor catastral de una finca, esto era sólo una buena noticia si el propietario vendía los terrenos a una promotora que pudiera desarrollar un proyecto urbanístico, ya que el precio del valor del suelo se disparaba.


Pero con la crisis que apareció a partir de ese año y que coincidió con la decisión del Ayuntamiento de Badajoz, propietarios y constructoras, se encontraron en posesión de parcelas con unas altas cargas impositivas y poco o nulo rendimiento económico.


En 2009, varios propietarios afectados por las últimas recalificaciones del Ayuntamiento de Badajoz iniciaron una reclamación para pagar el IBI como suelo rústico. Primero fue ante el catastro, que rechazó las pretensiones de los afectados. Después, recurrieron ante el Tribunal Económico-Administrativo de Extremadura, que también desestimó la demanda. Sin embargo, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura dictó una sentencia revolucionaria al aceptar las pretensiones de los propietarios y considerar que, aunque se trate de suelo urbano, el IBI correspondiente a esta categoría sólo debe hacerse efectivo cuando exista un plan parcial urbanístico o se haya construido alguna dotación (carreteras o alumbrado). En caso contrario, se paga como terreno rústico.


"La sentencia no señala que el suelo deje de ser urbanizable, sino que su valor es rústico mientras no tenga un desarrollo urbanístico", explica Luis Diaz-Ambrona, socio del bufete que lleva su apellido y representante legal de los afectados que lograron el fallo a su favor del TSJ de Extremadura.


Los abogados del Estado intentaron que el Alto Tribunal rechazara esta nueva doctrina alegando que era "gravemente dañosa para el interés general", ya que, según sus propios cálculos, hay más de 900.000 inmuebles afectados en España que podrían beneficiarse de esta medida.


Esta sentencia del Supremo no se aplica automáticamente a todos los casos, sino tan sólo a aquellos que se encuentren recurridos ante los tribunales, que ahora deberán aplicar el fallo del TS. Sin embargo, Diaz-Ambrona y Hernández Mancha explican que "puede buscarse un traje jurídico" para que quienes no hayan reclamado por la vía judicial puedan verse beneficiados y se les devuelva el dinero pagado en exceso. El problema, según estos expertos, es que cada comunidad autónoma tiene su propia normativa urbanística y cada Ayuntamiento su plan local, por lo que es necesario estudiar cada caso. "Aun así, la filosofía general es la misma", apuntan y aunque cada consistorio utilice unos términos diferentes, la doctrina del Supremo marca que debe tenerse en cuenta el valor rústico para efectos fiscales cuando no exista desarrollo urbanístico en los terrenos afectados.


En su sentencia, el Alto Tribunal asegura que, de no ser así, se estaría vulnerando el artículo 33 de la Constitución, que defiende la propiedad privada y garantiza que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos". El Supremo llega a tener en cuenta que, de aplicarse un valor superior para calcular un impuesto, podría hipotéticamente llegar a plantearse que se está confiscando una propiedad ya que, como explica Luis Diaz-Ambrona, "se está gravando una riqueza inexistente".


Es más, tras la recalificación de los terrenos y la posterior caída del sector inmobiliario, se han llegado a dar casos de propietarios que han heredado terrenos que, al ser considerados urbanos, no han podido hacer frente a los pagos del tributo. En situaciones extremas, al no encontrar un comprador, los dueños no han encontrado otra solución salvo ofrecer metros cuadrados de la finca afectada como pago en especie a los ayuntamientos. Aunque éste no es el objetivo de los consistorios, dada la elevada carga impositiva podían hacerse con el control efectivo del suelo en poco más de una década.


Artículo publicado en Expansión.com por Sergio Saíz

Puede leer la Sentencia completa en el siguiente enlace: Sentencia del Tribunal Supremo 2159/2014

 

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